La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este miércoles en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados un proyecto de reforma de la Ley 8465 para endurecer el régimen disciplinario en las cárceles mendocinas y fortalecer las herramientas de control penitenciario.
La iniciativa, anunciada la semana pasada durante la exposición del Presupuesto 2027, incorpora nuevas faltas graves para los internos, establece sanciones específicas para las visitas que vulneren las normas de seguridad y consolida legalmente la clasificación de personas privadas de libertad según su nivel de riesgo.
Durante la presentación, Rus estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana; el director de Inteligencia Penitenciaria, prefecto Diego Asensio; la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, y el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández.
Antes de explicar los alcances de la reforma, la ministra expresó sus condolencias por el fallecimiento de un integrante del Servicio Penitenciario ocurrido el martes y remarcó que el Ministerio se encuentra de luto.
En relación con el proyecto, Rus sostuvo que «a estos presos que quieren seguir siendo delincuentes desde la cárcel, la cárcel no es un home office» y recordó que esa definición forma parte de la política penitenciaria impulsada desde 2024.
Celulares, streaming y sanciones más severas
La reforma establece como faltas graves la tenencia, utilización y comercialización de teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos de comunicación no autorizados. También sanciona las conexiones clandestinas a internet y electricidad, las comunicaciones ilegales con el exterior y la difusión no autorizada de imágenes y videos.
Además, prohíbe expresamente la participación de internos en transmisiones por streaming, redes sociales y otros medios de comunicación, salvo autorizaciones excepcionales vinculadas con actividades educativas o laborales.
La medida profundiza una política de control que ya registra más de 20.000 celulares retirados y secuestrados del sistema penitenciario desde el inicio de la gestión. La cifra incluye tanto los dispositivos retirados a las personas privadas de libertad como los detectados durante requisas y los secuestrados a visitantes mediante el Sistema Único de Ingreso, que reforzó los controles de identidad, pertenencias y accesos a las cárceles.
A principios de 2025, la Provincia obtuvo autorización de la Suprema Corte de Justicia para avanzar con el retiro de celulares.
Rus anticipó además una nueva inversión tecnológica para reforzar la seguridad de los establecimientos. «Vamos a incorporar, antes de fin de año, sistemas de body scan y de escáner», anunció.
La ministra explicó que estas herramientas buscan reducir la exposición del personal a presiones de los internos y visitantes. «Si nosotros tenemos sistemas de control tecnológicos, lo que hacemos es evitar que el personal se vuelva objeto de extorsión», señaló.
Hasta la prohibición definitiva de ingreso para las visitas
Uno de los cambios centrales es la creación de un régimen sancionatorio específico para quienes intenten ingresar elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.
El ingreso o intento de ingreso de celulares y tarjetas SIM podrá sancionarse con suspensiones de hasta 180 días, que se elevarán a 365 ante una reincidencia y a la prohibición definitiva frente a una tercera infracción.
Para el ingreso de drogas se prevén suspensiones de 365 días y la prohibición definitiva en caso de reincidencia. Quienes intenten ingresar armas, explosivos o colaboren con fugas y actividades delictivas organizadas podrán quedar inhabilitados definitivamente para ingresar a los establecimientos.
El régimen de Muy Alto Perfil quedará incorporado a la ley
El proyecto consolida legalmente el régimen de Muy Alto Perfil (MAP), que ya funciona en Almafuerte II y está destinado a internos que presentan riesgos extremos por su capacidad de violencia, fuga, influencia sobre otros presos o vinculación con organizaciones criminales.
Este dispositivo contempla aislamiento, monitoreo permanente y controles reforzados. La reforma incorpora criterios objetivos de clasificación, entre ellos la participación en motines, tomas de rehenes, amenazas al personal y comunicaciones clandestinas.
También establece herramientas de información e inteligencia penitenciaria para prevenir delitos, hechos de violencia y actividades criminales organizadas desde el encierro.
Los celulares retirados de las cárceles podrán convertirse en recursos educativos
Junto a la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, Rus presentó una propuesta para dar un nuevo destino a los dispositivos recuperados del sistema penitenciario, mediante una articulación con Educación y programas provinciales de minería urbana.
Los equipos que puedan reacondicionarse se destinarán a proyectos de escuelas técnicas y otras iniciativas educativas. Aquellos que no puedan reutilizarse serán evaluados para recuperar componentes y materiales que puedan aprovecharse como materia prima.
La iniciativa contempla la participación de la Asociación Civil Traperos de Emaús y de programas de economía circular impulsados por Ambiente. Los residuos que no puedan recuperarse serán derivados al Centro de Disposición Final autorizado de El Borbollón, garantizando su tratamiento y trazabilidad.