La publicación del DNU 1286/2026 modificó las condiciones de liquidación de la obra social de las Fuerzas Armadas y abrió un nuevo foco de conflicto por el futuro laboral de cientos de trabajadores. La medida también reavivó cuestionamientos sobre la gestión de Luis Petri y el estado financiero que dejó el organismo.
La situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) continúa generando controversias. A la compleja situación financiera que arrastra el organismo se sumó ahora una nueva medida del Gobierno nacional que impacta directamente en trabajadores y afiliados de todo el país.
El detonante fue la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1286/2026, que modificó algunos aspectos del proceso de liquidación de IOSFA y alteró las condiciones previstas para el traspaso del personal a la recientemente creada Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
La decisión generó preocupación entre los trabajadores y abrió un nuevo frente de conflicto sindical, al tiempo que volvió a instalar cuestionamientos sobre la administración del organismo durante el paso de Luis Petri por el Ministerio de Defensa.
Cambios en el proceso de transición
La norma, publicada el pasado 28 de octubre en el Boletín Oficial, introdujo modificaciones sobre el esquema originalmente previsto para la transición entre IOSFA y OSFA.
Mientras que el plan inicial contemplaba el traspaso completo del personal a la nueva estructura, el nuevo decreto establece que será el directorio de OSFA quien determine qué puestos resultan necesarios para el funcionamiento de la entidad y qué trabajadores serán incorporados.
De esta manera, la transferencia dejó de ser automática y quedó supeditada a criterios operativos y presupuestarios definidos por las nuevas autoridades.
Según estimaciones difundidas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de los aproximadamente 2.450 trabajadores que aún integran IOSFA, cerca de 1.000 serían absorbidos por la nueva obra social, mientras que otros 450 pasarían a situación de disponibilidad y alrededor de 1.000 contratos quedarían discontinuados.
No obstante, desde el Gobierno aclararon que la cantidad definitiva de incorporaciones y desvinculaciones aún deberá ser determinada por la conducción de OSFA.
Preocupación por el impacto en la atención
El sindicato advirtió que el proceso de reestructuración podría afectar el funcionamiento de delegaciones y centros de atención en distintas provincias, dificultando la realización de trámites, reintegros y gestiones vinculadas a la cobertura médica.
La organización sindical también manifestó preocupación por el eventual cierre de policonsultorios y otras dependencias que prestan servicios a los más de 350.000 afiliados que integraban el sistema.
Las tensiones crecieron luego de que comenzaran a notificarse comunicaciones de desvinculación a empleados de distintas áreas del organismo, según denunció ATE.
Una crisis que trasciende el plano laboral
El nuevo escenario vuelve a dirigir la atención hacia la situación económica de IOSFA y las decisiones adoptadas durante los últimos años.
Uno de los documentos que más repercusión generó fue una auditoría interna que analizó la evolución financiera del organismo y expuso un fuerte incremento de su pasivo.
De acuerdo con ese informe, la deuda acumulada habría superado los 210.000 millones de pesos hacia mediados de 2025, sin incluir compromisos financieros adicionales vinculados a créditos otorgados por el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La situación derivó además en investigaciones judiciales relacionadas con la administración del organismo y distintas decisiones financieras adoptadas durante ese período. Si bien no existen condenas ni procesamientos firmes, los expedientes continúan bajo análisis en el ámbito federal.
Debate abierto
Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca adecuar la estructura de la nueva obra social a una realidad financiera más sostenible, los gremios advierten sobre el impacto laboral y la posible afectación de servicios para miles de afiliados.
En ese contexto, la discusión sobre el futuro de la atención sanitaria de las Fuerzas Armadas y de Seguridad sigue abierta, al igual que la controversia política generada en torno a la gestión que llevó a IOSFA a una de las crisis más profundas de su historia.