El crecimiento de la demanda del servicio de transporte público de personas en el Gran Mendoza y en San Rafael, la coyuntura planteada por las medidas del gobierno de Javier Milei como la eliminación del fondo compensador de transporte que se distribuía entre las provincias para subsidiar el servicio que dejará de estar en vigencia a partir del mes de marzo, hace que las cuentas comiencen a ser observadas con detenimiento por parte de la administración provincial.
La distribución de los recursos para soportar el costo del transporte hasta ahora se repartía entre 80 por ciento aportado por la Provincia, otro 10 por ciento provenía del subsidio nacional (ahora eliminado y con una deuda de la gestión anterior de $1200 millones) y el restante 10 por ciento restante proviene de la recaudación del pago de los pasajes. Con el retiro definitivo del fondo compensador, se va a poner todo el esquema en revisión.
Fuentes oficiales indican que sólo el 40 por ciento de todos los pasajes comprados en un día son pagados con la tarifa base de 200 pesos. Es decir, de aquel día récord de 876 mil pasajes registrados, sólo 350 mil fueron pagados a 200 pesos; es decir, la mayoría de los pasajeros en Mendoza paga menos que la tarifa base. Sobre este cálculo inmediatamente identifican a las personas que pagan la totalidad del boleta son quienes tienen actividades informales para conseguir su sustento.
De acuerdo con la información oficial, estos son los sectores beneficiados por las tarifas con descuentos al pasaje.
- Docentes y celadores. Personas mayores de 70 años. Personas con discapacidad. Pacientes protegidos por la Ley 7811. Bomberos: 100 de descuento.
- Estudiantes de nivel primario: 60 por ciento de descuento.
- Estudiantes de los niveles secundarios y universitarios: 50 por ciento de descuento.
Este desagregado es uno de los aspectos observados pensando en «optimizar» los recursos restringidos que terminan siendo la frazada corta del sistema que sufrirá cambios pensando que el precio del pasaje puede rondar los 400 pesos próximamente después del proceso legal de estudios de costos que implica una audiencia pública.