El gobierno nacional ha iniciado un proceso de auditoría para revisar las pensiones no contributivas por invalidez laboral. El objetivo es garantizar que estos beneficios sean otorgados únicamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos y realmente lo necesiten.
La auditoría se llevará a cabo en diferentes etapas y contempla la revisión de alrededor de 1 millón de casos en todo el país. Los beneficiarios recibirán una carta documento con un turno asignado para presentar su documentación médica y ser evaluados por médicos prestadores del PAMI.
Es importante destacar que la asistencia a la citación es obligatoria, y en caso de incomparecencia reiterada, se podrá proceder a la suspensión de la pensión. Los beneficiarios también podrán renovar su documentación y realizar consultas a través de diferentes canales, como la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o mediante correo electrónico.
En la provincia de Mendoza, se estima que hay entre 30 y 40 mil personas que reciben pensiones no contributivas, y el gobierno provincial ha puesto a disposición su infraestructura para garantizar la accesibilidad a la auditoría.
La Secretaría de Discapacidad de la provincia de Mendoza ha informado que los beneficiarios recibirán una carta documento con un turno asignado para presentar su documentación médica y ser evaluados por médicos prestadores del PAMI.
Es fundamental que los beneficiarios asistan a la citación con la documentación médica requerida, que incluye:
– Documentación médica relacionada con la incapacidad laboral
– Estudios médicos actualizados
– Documentación que justifique la incapacidad laboral
Los beneficiarios también podrán renovar su documentación y realizar consultas a través de diferentes canales, como:
– La plataforma Trámites a Distancia (TAD)
– Mediante correo electrónico a citacion@andis.gob.ar
– Telefónicamente al (54 11) 4379-7630/7631 de 8 a 16 hs.
– A través del chatbot TINA por WhatsApp al número (54 11) 3910-1010 de 8 a 16 hs.
Es importante destacar que la auditoría es un proceso necesario para garantizar que los beneficios sean otorgados únicamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos y realmente lo necesiten.