Los aranceles de la atención psicológica en Mendoza volvieron a aumentar y una sesión sin obra social ya cuesta entre $20.000 y $25.000. La demanda crece, los tratamientos se espacian y cada vez más profesionales dejan de trabajar con obras sociales, complicando el acceso a la salud mental.
El acceso a la atención psicológica en Mendoza se volvió un desafío cada vez mayor para quienes no cuentan con obra social. En un contexto de demanda creciente y costos que no dejan de subir, los valores de referencia fijados por el Colegio de Psicólogos para este año volvieron a actualizarse, encareciendo aún más la posibilidad de sostener un tratamiento.
Hoy, una sesión individual tiene un costo que oscila entre $20.000 y $25.000, mientras que los espacios de pareja o familia rondan los $30.000. En paralelo, evaluaciones más complejas —como psicodiagnósticos o informes específicos— pueden superar con facilidad los $100.000, según los aranceles orientativos del sector.
Entre noviembre de 2025 y los primeros meses de este año, los honorarios acumularon un aumento cercano al 40%, siguiendo la dinámica inflacionaria. Aunque se trata de montos sugeridos, en la práctica funcionan como referencia para la mayoría de los profesionales.
Tratamientos más espaciados y procesos afectados
Desde el Colegio de Psicólogos de Mendoza, señalan que cada vez es menos frecuente la asistencia semanal. “Sostener una consulta privada se hace muy difícil”, señaló, y detalló que muchos pacientes optan por encuentros cada 15 o incluso 20 días. Ese cambio, que parece menor, altera los procesos terapéuticos y evidencia una problemática más profunda: el costo no solo condiciona el acceso, sino también la continuidad y la calidad del tratamiento.
Más demanda, menos acceso
El incremento de los honorarios ocurre en paralelo a un aumento sostenido de consultas en salud mental. En Argentina, se estima que una de cada tres personas atraviesa algún tipo de padecimiento psicológico, con prevalencia de ansiedad, depresión y consumos problemáticos.
Sin embargo, desde el sector advierten que el perfil de las consultas cambió: cada vez aparecen más casos en infancias y adolescencias, muchos de ellos con mayor gravedad que en años previos. Según informaron, este fenómeno se intensificó después de la pandemia.
En Mendoza, los registros oficiales muestran 787 intentos de suicidio en 2025 y 60 casos en lo que va de 2026, cifras que reflejan la magnitud del problema.
Obras sociales con menos profesionales
A este escenario se suma otro obstáculo: el retiro progresivo de psicólogos de los convenios con obras sociales. Honorarios bajos, demoras en los pagos y falta de actualización arancelaria empujan a muchos profesionales a abandonar esos sistemas. “Cada vez hay menos colegas que aceptan obras sociales”, advierten.
El resultado es un circuito más restringido: quienes no pueden pagar una consulta particular dependen de coberturas con poca oferta o largas listas de espera.
El sistema público, una alternativa saturada
Frente a las dificultades del sector privado, el sistema público aparece como la opción más accesible. Sin embargo, también muestra signos de saturación. En Mendoza funcionan distintos dispositivos de atención —centros infantojuveniles, guardias especializadas, espacios de escucha y orientación—, pero la demanda supera ampliamente la capacidad de respuesta.