El 31 de diciembre finaliza la prórroga que dispuso el ex presidente Alberto Fernández. Será el Gobierno de Mendoza el que defina cuál es su voluntad política a partir de entonces.
Los presos no podrán usar más celulares dentro de las cárceles de Mendoza desde el 1 de enero del 2024 y será ilegal su tenencia, ya que el 31 de diciembre se termina la prórroga de la emergencia que comenzó con la pandemia por Covid, cuando los internos no podían ver a sus familiares por el aislamiento obligatorio. Así un interno con teléfono podría ser sancionado.
El Gobierno de Mendoza se ha expresado en contra del uso de estos dispositivos en los penales pero hasta el momento no ha definido cómo sacará los aparatos que poseen los internos.
Son más de 3.500 celulares los que fueron autorizados a ser utilizados por presos en Mendoza desde marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia por coronavirus. El entonces presidente Alberto Fernández emitió una excepción por la emergencia sanitaria para que los detenidos pudiesen ingresar legalmente teléfonos para estar en contacto con sus familiares.
Era una medida temporal hasta diciembre del 2022, pero en aquel momento Fernández decidió prorrogarlo por un año más, ya que los internos tenían visitas cada 15 días. Este 31 de diciembre de 2023 es el último día, por lo que desde el 1 de enero será ilegal para todos los presos la tenencia y uso de celulares.
Actualmente alrededor del 60% de la población carcelaria de Mendoza tiene celular registrado y permitido. Pero esto también facilitó que haya un comercio negro de tarjetas SIM, las cuales son utilizadas en diferentes teléfonos muchas veces para cometer delitos. Ese es el principal problema que fue planteado por el propio gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, y también fue uno de los ejes de campaña de Luis Petri cuando iba como candidato a vicepresidente con Patricia Bullrich. Ahora es ministro de Defensa de la Nación.
Faltan solo 13 días para que termine la prórroga, y son muchos los que ya se preguntan cómo se aplicará nuevamente la ley que prohíbe el uso de celulares dentro de las cárceles. Hace meses que se habla de la colocación de inhibidores de señal en los penales, pero esta opción no parece tan viable. Tampoco se reinstalaron las líneas de teléfonos fijos, ya que surge el temor de revueltas, incremento de violencia, sanciones, intensas requisas para sacar los aparatos de circulación, entre otros problemas.
Fuente: Diario Uno