El proyecto que se aprobó establece una actualización en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor, como el Decreto de Necesidad y Urgencia vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación del 8,1%.
Frente a esto, desde la Oficina del Presidente señalaron que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.
“Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, indicaron al referir al sistema de actualización previsional que impuso por decreto el Ejecutivo.