En cinco meses ya se revocaron ocho titularidades de casas que no eran habitadas por los beneficiarios reales. Actualmente se están analizando más de 170 casos en toda la provincia.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intensificó las tareas de control de residencia real de adjudicatarios titulares de las casas que entrega el Gobierno de la provincia y que están destinadas a vivienda única familiar.
Luego de las instrucciones planteadas por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de profundizar los controles, se detectaron irregularidades en la ocupación de las casas que, entre otras formas, se usaban para alquileres temporarios mediante plataformas en línea.
Este tipo de situaciones, o directamente la falta de ocupación de las viviendas, desembocó en la desadjudicación de tres propiedades durante los últimos siete meses de este año, y otras cinco van por el mismo camino, en un complejo de la Ciudad de Mendoza.
“Es importante que el Gobierno de Mendoza lleve adelante estas acciones, básicamente, porque hace a la equidad y ser justos, pero esto adquiere un significado mayor cuando hablamos del acceso a la vivienda digna. Tan necesario para, junto con otros aspectos, tener una vida plena. Es tan alta la demanda de un techo digno, máximo en un país donde por muchísimos años no ha existido el crédito hipotecario, que nos cabe desde el Estado la responsabilidad moral de buscar casos como estos que impiden que personas con necesidades genuinas de vivienda hayan sido desplazados por gente que busca hacer un negocio o una diferencia. La vivienda tiene un valor social fundamental. Ya lo menciona la Constitución Nacional cuando habla de la vivienda digna en el artículo 14 bis”, declaró Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
El fallo de la desadjudicación es siempre el último recurso al que apela el IPV luego de un largo proceso que va desde la verificación de residencia de los titulares, durante diferentes días y horarios, hasta notificaciones y emplazamientos para que los adjudicatarios puedan ejercer su derecho de defensa.
Superadas estas instancias, se quita a los beneficiarios la asignación de las viviendas que no están escrituradas.
Luego, las casas recuperadas mediante estos procesos se destinarán a familias con alto grado de vulnerabilidad, según lo determinen el IPV y el Municipio correspondiente.
Actualmente, el organismo evalúa otros 176 casos que se encuentran en diferentes estados del proceso de desadjudicación.
“Durante muchos años, el foco estuvo puesto en que los titulares de las viviendas que entrega el IPV regularizaron sus deudas y ocuparan sus viviendas”, explicó Gustavo Cantero, presidente del organismo.
En pos de eso, se realizaron campañas para incentivar tanto el pago de las cuotas como la ocupación permanente por parte del grupo familiar beneficiario de las viviendas entregadas.
Tanto es así, que desde 2020 se resolvieron cerca de 2.000 casos críticos relacionados con la morosidad y la ocupación, que no llegaron a la desadjudicación, ya que se fueron regularizados por los propietarios
“Este año la decisión está basada en extremar los controles de la ocupación real de las viviendas, ya que al momento de la adjudicación se les aclara a los beneficiarios que las unidades no pueden ser vendidas ni alquiladas, sin permiso del IPV y que tienen que ser habitadas inmediatamente”, indicó Cantero.
¿Cómo es el proceso de desadjudicación de las viviendas no escrituradas?
Las viviendas no escrituradas son aquellas en las que el titular registral es el IPV, y como tal, tiene la potestad de iniciar un proceso de desadjudicación ante situaciones de alta morosidad o constatación de ocupación irregular, pudiendo culminar con el desalojo de la unidad.
El IPV realiza controles periódicos a las unidades entregadas a fin de constatar su ocupación efectiva. Estas visitas también pueden estar originadas por denuncias de los propios vecinos que detectan que una casa está deshabitada o que sus titulares están cometiendo una falta en el modo de ocupación.
Un ejemplo de esta situación sucedió a principios de este año, cuando vecinos del barrio Eusebio Blanco, en Ciudad, denunciaron que varias unidades no eran ocupadas por sus titulares.
El IPV realizó inspecciones en el complejo en numerosas oportunidades y, al detectar varias irregularidades, notificó a sus ocupantes y llevó los casos para ser analizados con los parámetros legales que establece la normativa. El resultado fue la desadjudicación de tres unidades, en tanto que otras siete continúan siendo investigadas.
Otros casos de viviendas desadjudicadas se dieron en los barrios Fuerza y Progreso y Capilla de Nieve, en Guaymallén; Parque Oeste, en Godoy Cruz, y José Hernández, en San Martín.
Por otra parte, en lo que va de 2024, se cerraron cerca de 200 expedientes, ya que los titulares de las viviendas regularizaron su situación.
“La quita de la vivienda es una de las acciones que puede aplicar el IPV para los adjudicatarios que incumplen con sus obligaciones, ya que generalmente encubren estrategias especulativas”, remarcó Cantero.
En tanto, instó a la población a denunciar casos de irregularidad para iniciar las acciones correspondientes, aunque cabe aclarar que esta denuncia por sí misma no constituye un derecho sobre la vivienda denunciada, pero sí es una herramienta eficaz de control social.
Por último, apuntó: “Es necesario que los titulares de viviendas sociales sean responsables con el pago de las cuotas y la ocupación”.