Se trata de aquellas pensiones que por disposición del gobierno nacional, y ante sospechas de fraude, se mandaron a auditar en un controvertido contexto.
En Mendoza han sido citadas para demostrar su situación de discapacidad 43.511 personas: 41.511 en una primera convocatoria y 2.000 en una segunda. Sin embargo, no todas tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD). Estas pensiones se otorgan a personas con incapacidad superior al 66% y en situación de vulnerabilidad.
En el primer llamado han sido 5.599 de San Rafael, 5.021 de Guaymallén, 4.403 de Las Heras, 3.761 de Maipú, 3.295 de San Martín y 2.772 de Godoy Cruz entre otros departamentos.
Cabe recordar que la iniciativa del Gobierno Nacional de auditar las pensiones obedece al argumento de que muchas presentan inconsistencias y se trata de un nicho en el que abundan los fraudes. Sin embargo, han surgido denuncias de personas en efectiva situación de discapacidad a las que se les ha eliminado el beneficio dejándolas en alto riesgo para su supervivencia y garantías de atención básica de su salud.
Las solicitudes enviadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por autoridades del gobierno provincial para conocer el dato no han tenido respuesta oficial, salvo una informal en la que se señaló que los datos se están procesando.
En el gobierno mendocino creen que la falta de información puede atentar contra las posibilidades de brindar acompañamiento adecuado a las personas con discapacidad ante la pérdida de resguardos económicos y de otra índole, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Vía: Los Andes