La sentencia que impone seis años de prisión a Cristina Kirchner en el denominado “Caso Vialidad” ya es firme, y establece que la exmandataria, junto a otros ocho acusados, debe reembolsar al Estado casi 85.000 millones de pesos.
Este monto, que puede optarse por la devolución o el decomiso de bienes, se actualizará conforme a lo estipulado en el fallo.
La resolución, emitida inicialmente el 6 de febrero de 2022 por el juez Jorge Gorini y ahora en ejecución, obliga a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich a responder económicamente por lo que se determina como “perjuicio al Estado”. En efecto, tanto el Tribunal Oral Federal Nº 2 como la Cámara de Casación han establecido que la cifra se deriva de 51 contratos adjudicados al Grupo Austral, empresa propiedad de Báez y vinculada a la exvicepresidenta, aunque la defensa sostiene que ello no ha quedado probado.
Los acusados, entre ellos la ex presidenta de la Nación, afrontan cargos por administración fraudulenta, delito relacionado con la gestión indebida de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz durante el mandato de Kirchner.
A fecha del 6 de diciembre de 2022, la suma de 85.000 millones de pesos equivalía a unos 483 millones de dólares, utilizando un tipo de cambio de 176 pesos por dólar, según el Banco Nación. A este monto se le agrega un interés anual del 2% —basado en la tasa activa del mismo banco— que asciende aproximadamente a 19 millones de dólares, alcanzándose así una suma total cercana a los 502 millones de dólares.
Por otra parte, el Tribunal Oral Federal Nº 2 tendrá la responsabilidad de determinar, en las próximas semanas, el importe definitivo del decomiso a aplicar.
Mientras tanto, el equipo legal que representa a la exvicepresidenta ha recurrido a instancias internacionales, elevando el caso ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que califican de maniobra de lawfare y un juicio político. En caso de admitir la causa, dicho organismo evaluará si corresponde la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos