El Gobierno de Mendoza ha dado luz verde a un significativo aumento en las tarifas de electricidad que impactará a los usuarios finales a partir de noviembre, según lo anunciado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).
La medida, respaldada por el gobernador Rodolfo Suarez, es resultado de una Revisión Tarifaria Ordinaria para el periodo 2023-2028, luego de un proceso de Audiencia Pública llevado a cabo en julio.
A través del Decreto 2348/2023, el mandatario aprobó las nuevas tarifas, estableciendo un cronograma de aplicación de los valores determinados en la revisión. Desde noviembre de 2023, se aplicará el 70% de los valores de Valor Agregado de Distribución (VAD), y en febrero de 2024, se completará con el 30% restante, llegando así al 100% de dichos montos.
El impacto promedio en la Tarifa a Usuario Final será del 53%, dependiendo del consumo del usuario y su categoría tarifaria. Algunos de los impactos específicos incluyen:
Usuarios Residenciales:
Residenciales 1: $1.486 mensuales
Residenciales 2: $3.687 mensuales
Residenciales 3: $9.600 mensuales
Usuarios Generales (Pequeños Comercios): 50.5% promedio.
Usuarios Grandes Demandas: 53% promedio.
Usuarios de Riego Agrícola: 33% promedio.
Usuarios con Categoría Tarifaria Peaje: 49% promedio.
Además, el decreto aprueba modificaciones en el Procedimiento de Adecuación de VAD Intra-Periodo Tarifario, estableciendo revisiones trimestrales para suavizar los impactos tarifarios a lo largo del año.
El objetivo principal es ajustar las tarifas de acuerdo con la inflación y los costos económicos, para mitigar impactos bruscos en los usuarios. Esta adaptación también busca estar en línea con los precios estacionales establecidos cada tres meses por la Secretaría de Energía de la Nación.
Otro aspecto aprobado es la modificación de los reintegros de obras, relacionados con las conexiones de nuevos suministros o ampliaciones de potencia. La propuesta sugiere una devolución total del aporte realizado por el usuario, sin límites de tiempo y con importes actualizados sobre el saldo.
Estas medidas, aunque significativas en términos de ajuste tarifario, buscan equilibrar la sostenibilidad del servicio eléctrico con la protección de los usuarios ante fluctuaciones económicas.