La Ley 9.702, publicada en el Boletín Oficial, otorga a los municipios la jurisdicción exclusiva sobre el arbolado público y elimina la obligación de pedir autorización a la Provincia para podas o extracciones. La norma también prohíbe el monocultivo y exige planes técnicos de manejo para prevenir plagas y mejorar la sanidad forestal.
El Gobierno provincial oficializó la nueva Ley de Arbolado Público N° 9.702, que redefine por completo la gestión del patrimonio forestal urbano. La norma, publicada este lunes en el Boletín Oficial, modifica puntos centrales de la Ley 7.874 y otorga a los municipios la jurisdicción exclusiva sobre los árboles ubicados en calles y espacios públicos.
Este cambio busca agilizar los procedimientos y mejorar la sanidad del arbolado en un contexto marcado por la crisis hídrica. Sin embargo, la autonomía municipal no es total: cada comuna deberá presentar cada cuatro años un Plan de Manejo Integral, ajustado a criterios técnicos establecidos por la Provincia.
Más poder local, pero bajo lineamientos provinciales
Hasta ahora, cuando un municipio necesitaba extraer un árbol deteriorado o con riesgo de caída, debía solicitar autorización al Ejecutivo provincial, un trámite que podía extenderse durante meses. Con la nueva ley, esa responsabilidad pasa directamente a los intendentes, aunque deberán respetar pautas comunes de riego, sanidad y manejo de plagas.
Uno de los ejes centrales de la normativa es la prevención de epifitias, es decir, plagas que afectan masivamente a una misma especie. Por ese motivo, la ley prohíbe el monocultivo y promueve el policultivo, una combinación de especies que reduce la vulnerabilidad del arbolado. También se recomienda priorizar árboles de hoja caduca en orientaciones norte para optimizar la luz solar en invierno y elegir especies de copa pequeña para disminuir costos de poda y volumen de residuos.
Controles más estrictos para organismos públicos
La ley también endurece los requisitos para organismos estatales: cualquier poda o erradicación dentro de predios ministeriales o municipales deberá contar con una autorización jerárquica previa, con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias y garantizar un manejo responsable del recurso forestal.
Con esta actualización normativa, Mendoza avanza hacia un modelo de gestión más descentralizado, técnico y preventivo, que busca proteger la diversidad del arbolado urbano y mejorar su resiliencia frente a plagas y condiciones climáticas adversas.