El gobernador promulgó la ley a través del decreto 1.328, publicado este lunes 22 de julio en el Boletín Oficial, donde se formalizaron las modificaciones a la Ley de Tránsito.
En esta norma habilita a los agentes de tránsito de los municipios y de la Dirección de Seguridad Vial a acceder, mediante la toma de huellas dactilares, a información precisa que permita determinar si el conductor posee causas por manejar bajo los efectos del alcohol.
En el caso de que se realice el control de alcoholemia, y el conductor no sólo dé positivo, sino que sea reincidente en la falta, se incrementa la sanción de inhabilitación hasta por un periodo de 365 días.
En tanto, habilita a los autos que sean retenidos por más de dos meses por ser conducidos por conductores ebrios, podrán ser “utilizados “irrevocablemente cedidos” por los municipios o al Ministerio de Seguridad, quienes decidirán si el rodado se compacta o se le da otro fin.
Esta medida obliga a que los conductores que sufran accidentes y hayan arrojado alcoholemia positiva deban pagar los costos médicos que surjan en la atención en efectores públicos.
Según algunas estimaciones en casos graves, donde el paciente debe estar en terapia intensiva, incluyendo medicamentos y gastos en recursos humanos le cuesta a la provincia cerca de 15 millones de pesos por semana.
Con Información de El Sol